22 de setiembre de 2026    3 minutos de lectura

Uruguay atraviesa una nueva etapa en su relación con la tecnología. Después de años posicionado como referente regional en gobierno digital, el país ahora enfrenta el desafío de incorporar la inteligencia artificial (IA) a la gestión pública, en un contexto donde la infraestructura local todavía es limitada y buena parte del procesamiento de datos depende de empresas tecnológicas extranjeras.

Uno de los proyectos centrales de Agesic apunta a que las personas puedan resolver gestiones estatales hablándole directamente al celular, sin pasar por portales web. Detrás de esa interfaz funcionaría una plataforma de "agentes" de IA: programas capaces de ejecutar por sí solos los pasos necesarios para completar un trámite —consultar otro organismo, obtener un dato, avanzar a la siguiente etapa— sin que una persona deba guiar cada paso. La atención presencial se mantendría para quienes la prefieran, y se apunta además a simplificar el lenguaje de los documentos oficiales.

Antes de fin de año se prevé habilitar una billetera digital que permitirá usar la cédula de identidad desde el teléfono, con la posibilidad de verificarla mediante un código QR y de revocarla en caso de pérdida. Con el tiempo, la billetera sumaría otros documentos: libreta de conducir, carné de salud, carné de vacunación y eventualmente títulos universitarios verificables. Un desarrollo destacado es la posibilidad de acreditar un dato puntual —por ejemplo, ser mayor de edad— sin exponer el resto de la información personal. Se trabaja también con el Mercosur para que el documento digital tenga validez transfronteriza.

El punto más delicado de la entrevista es la tensión entre la soberanía de datos y la falta de infraestructura propia. Uruguay no cuenta hoy con capacidad suficiente para alojar y procesar localmente los datos que demanda la IA, por lo que gran parte de ese procesamiento quedaría en manos de la nube de grandes empresas como Amazon, Google o Microsoft. La estrategia del gobierno es exigir contratos que garanticen que los datos no se usen para entrenar modelos, que estén encriptados y que las empresas no tengan acceso a su contenido, tomando como referencia la normativa europea. El nuevo centro de datos de Antel, previsto para 2028-2029, es visto como un primer paso hacia mayor autonomía, aunque no se descarta que la escala resulte insuficiente.

Ante el uso creciente y desordenado de herramientas gratuitas de IA en organismos públicos —con el riesgo de que datos sensibles queden expuestos—, Agesic prepara un decreto con reglas para la administración central y los ministerios, además de un conjunto de "buenas prácticas" que definan qué usos están permitidos y cuáles no. La agencia prioriza este enfoque antes que una ley general, en articulación con proyectos parlamentarios ya presentados por distintos partidos. La mirada institucional es de largo plazo, con una estrategia pensada hacia 2040.

La entrevista también menciona la preocupación por el impacto de las redes sociales y los algoritmos en la salud mental, especialmente de menores, y por la eventual llegada de la computación cuántica, que hacia 2035 podría poner en riesgo los sistemas de encriptación actuales.

Fuente: Semanario Búsqueda, entrevista a Cristina Zubillaga (Agesic).